LA QUIMERA DE LA GRATUIDAD EDUCATIVA
Jhon Monsalve
Imagen tomada de internet
La gratuidad educativa no soluciona la calidad.
Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países con más bajos
índices de eficacia educativa en el mundo. La baja calidad de la educación
colombiana se evidencia en las pruebas de Estado, que arrojan resultados poco
alentadores para el país en general, el gobierno y el Ministerio de Educación
Nacional, que creen solucionar el problema con la gratuidad.
A finales del año 2011, se firmó el decreto 4807
“Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad
educativa para los estudiantes de educación prescolar, primaria, secundaria y
media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones
para su implementación” (Decreto 4807 de 2011). Con este decreto se busca que
la deserción escolar sea nula en los colegios estatales del país y que todo
colombiano pueda acceder a la educación sin excusas de lo económico.
El Ministerio tiene la certeza de que la deserción
escolar será mínima en comparación a años anteriores, cuando por falta de
dinero los estudiantes debían retirarse del colegio, debido a que los impuestos
escolares eran excesivos. Y es cierto: los índices de deserción seguramente
disminuirán, pero eso no significa, de ningún modo, que la educación vaya a
mejorar.
En una encuesta hecha recientemente, puede notarse
el nivel crítico de la sociedad en asuntos de educación: “La sociedad civil es más dura que el Gobierno
en el juicio sobre la calidad educativa. En promedio, 3% la califica como
"excelente o muy buena". 58% de los representantes de los sindicatos
la consideran regular en los colegios oficiales y solamente una de cada tres
personas de los gremios, la Iglesia, los comunicadores, los académicos
dedicados a la investigación educativa y los sindicatos de maestros, siente que
la educación está compensando el esfuerzo que hacen los padres y los alumnos
por ella”. (Al tablero, S.F.).
No es un secreto que la educación del país no es la mejor, y aunque sea
una esperanza, la gratuidad no aportará lo suficiente para su mejoría, ya que
el fin de esta, aparte de que todo estudiante de prescolar a 11 pueda acceder
sin complicaciones económicas a una institución estatal, es la disminución de
la deserción escolar[1] y
el ingreso de nuevos estudiantes. Pero, entonces, ¿dónde está el problema? En
que habrá más gente, muchos más estudiantes, ¡y la misma cantidad de
instituciones educativas! Esto, sin lugar a dudas, resulta poco proporcional.
Pero vamos por partes. Para evitar la deserción en los colegios, el
Ministerio de Educación con el Decreto 230 de 2002 propuso que cada institución
debía, junto con toda la comunidad educativa (docentes, padres y directivos),
velar por el rendimiento académico de cada estudiante, para que solo perdiera
el año el 5% en cada aula de clase: “El
decreto indica que los establecimientos educativos deben garantizar un mínimo
de promoción de 95% de los estudiantes que finalicen el año escolar en cada uno
de los grados, por esto cada institución deberá conformar por cada grado, una
comisión de evaluación y promoción, integrada por docentes, un padre de familia
y el rector o su delegado, que será la responsable de determinar, al finalizar
el año lectivo, los estudiantes que no pueden ser promovidos, entendiendo que
debe ser la excepción”. (Al tablero, S.F.).
Este
decreto ha permitido que los estudiantes no destacados pasen, como si nada, su
año escolar sin lograr las competencias requeridas en cada materia, por el
hecho de que la ley misma los está “protegiendo” de sus deberes académicos.
Tener la gratuidad en la educación y pensar que esta evitará la deserción
escolar es una quimera, porque para lograr la deserción no es solo necesaria la
gratuidad, sino también la participación de toda la comunidad educativa
(ocupada en sus propios quehaceres) comprometida en que solo puede perder el
año el 5% del salón de clase. Y aunque se hable de la derogación o modificación
de este artículo, parece ser que, teniéndolo o no en cuenta, el resultado es el
mismo.
Por
otra parte, ¿dónde cabrá tanta gente? La cantidad de instituciones educativas
no varía. Lo que quiere decir que, si bien los estudiantes podrán ir a la
escuela sin pagar un solo peso, la cantidad de salones y de pupitres no serán
suficientes para tanta gente. No obstante, los colegios dan solución a tal
problema poniendo en un mismo salón de clase a 40 o más estudiantes, que
estarán tan hacinados que no podrán concentrarse lo suficiente ni permitirán
que el docente haga su trabajo de la mejor forma; de esta manera, la educación
será gratuita, pero su calidad será la misma o aun peor.
Al
respecto, el Centro Virtual de Noticias de la Educación afirma: “Con el
establecimiento de la gratuidad educativa, el Ministerio de Educación busca
generar condiciones para que más niños accedan y permanezcan en el sistema
educativo, avanzando en el propósito nacional de cerrar las brechas de acceso a
la educación que existen en Colombia y por esta vía avanzar en una mayor
equidad, reducción de la pobreza y la prosperidad para todos” (Cvne, 2012).
La equidad se logrará
(pues todos estarán igualmente hacinados), pero la reducción de la pobreza
y la prosperidad para todos quedará en
veremos. Tal vez, en la próxima ocasión, en un próximo decreto, se tenga más en
cuenta que gratuidad no significa calidad, sino derecho, y que la calidad
se logra de otras formas. ¿Cuáles? Eso es precisamente lo que debemos pensar
para lograr la educación que queremos.
BIBLIOGRAFÍA
AL TABLERO, Ministerio de Educación Nacional (S.F.). Así opinaron los
colombianos. [En línea]: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87821.html. (Citado el 25 de marzo de 2012).
CVNE (2012). La gratuidad educativa se reglamenta. [En línea]: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-293306.html. (Citado el 25 de marzo de 2012).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2011). Decreto 4807. [En línea]: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-293306_recurso_1.pdf. (Citado el 25 de marzo de 2012).
[1]
Una de las consideraciones del Decreto 4807 es: “Que los cobros de derechos académicos y servicios complementarios
han sido una barrera para el acceso y la permanencia escolar en la educación
preescolar, básica y media, y ante ello el Estado debe generar políticas
públicas orientadas a mejorar la accesibilidad de la población en edad escolar
a todos los niveles educativos, a fin de que se logre garantizar la realización
del derecho a la educación”.
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